Así, la jurisprudencia permite un “plazo razonable o prudencial” entre ambos extremos para que el empleador evalúe sus opciones y adopte la mejor decisión. Con este argumento, el TS ha validado el cese de un trabajador que tuvo lugar diez meses después de la declaración de incapacidad absoluta del jefe. En este caso, la extinción del contrato se ató a tres factores que el tribunal tiene en cuenta: «La situación de incapacidad, el empeoramiento y el fracaso de la gestión encomendada a una de las trabajadoras». Por todo ello, teniendo en cuenta los esfuerzos de la empleadora, el alto tribunal estimó que los ceses fueron adecuados.
Cambios en los Tipos de IVA para 2024: Cómo afectan a los productos esenciales y otras categorías
El Real Decreto-ley 4/2024, aprobado el 26 de junio de 2024, ha introducido importantes modificaciones en los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicables a ciertos productos esenciales. Estas medidas se enmarcan dentro del paquete de ayudas fiscales...
