Según el TS, estas acciones prescriben en función de la naturaleza de la deuda en cuestión. El Tribunal Supremo justifica este nuevo criterio, en primer lugar, explicando que cuando se trata de deudas contraídas estando la sociedad en causa de disolución, la voluntad de la ley es colocar al administrador en una posición de garante personal de las deudas de la sociedad, como si fuera un fiador. En segundo lugar, la sentencia concluye que los dos preceptos que se aplican hasta ahora para determinar la prescripción, en realidad, no son aplicables a la responsabilidad por deudas sociales.
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Real Decreto-ley 4/2024: Medidas para Afrontar las Consecuencias Económicas y Sociales de los Conflictos en Ucrania y Oriente Próximo
El Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, aprobado por el gobierno español, introduce una serie de medidas destinadas a mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Además, se adoptan medidas urgentes en...